La lucha contra el cambio climático exige tomar medidas urgentes. España, como Parte del Acuerdo de París y miembro de la Unión Europea, se ha comprometido alcanzar la neutralidad climática en 2050. En este contexto, la apuesta por las energías renovables para alcanzar la completa descarbonización del sector eléctrico es imprescindible.

De acuerdo con las previsiones contenidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y para cumplir con los objetivos previstos en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, a lo largo de la próxima década España verá prácticamente doblada la potencia de su parque generador renovable, pasando de los 60 GW de 2020 a los 115 GW en 2030. Las tecnologías que más verán aumentada su potencia instalada serán la eólica (+23 GW) y la fotovoltaica (+27 GW).

Sin embargo, el despliegue a gran escala de estas dos tecnologías conlleva dos riesgos que podrían volverse en contra de las energías limpias: sus impactos en la biodiversidad y en el territorio. Una mala planificación, una localización errónea o una falta de reglamentación clara sobre criterios para la ubicación y el despliegue de renovables pueden tener impactos irreversibles sobre el medio ambiente, además de generar rechazo por parte de la sociedad. Entre los riesgos destaca la pérdida y alteraciones de hábitats naturales, y las alteraciones en estos, junto con los impactos en las especies y la ocupación de grandes extensiones de suelo. Como consecuencia de ello, estamos viendo como distintos agentes sociales, incluyendo organizaciones ecologistas o vecinales de carácter local, se están posicionando en contra de una serie de proyectos.

Existen numerosos estudios sobre cómo el cambio climático afecta a la biodiversidad, pero se ha estudiado mucho menos cómo afecta a la misma la expansión de las energías renovables. La carrera para alcanzar la neutralidad climática no puede llevarse a cabo en detrimento de la biodiversidad dado el papel que desempeña no solo como sumidero de carbono sino por todos los servicios ecosistémicos que presta al planeta, incluyendo la necesidad de protegerla para evitar pandemias como la Covid-19. En el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), para contribuir a la detección temprana de los riesgos anteriormente mencionados y así evitar que se produzcan daños en la biodiversidad y el territorio, hemos elaborado el Informe "Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio" en el que se analiza la manera de conciliar el despliegue de las energías renovables con la protección de la biodiversidad y el territorio. Para ello, realiza un examen general de las cuestiones a tener en cuenta para lograr esa conciliación, analiza los principales instrumentos para lograrlo necesidades y presenta unas recomendaciones.  

El instrumento más adecuado, y primer paso para la conciliación, es la evaluación ambiental estratégica (EAE). Así, la EAE a la que se sometió el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ha tenido en cuenta los posibles impactos en la biodiversidad y el territorio por lo que incluye medidas para evitarlos.  La EAE a la que se está sometiendo el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía también lo tiene en cuenta. La planificación en materia energética de las comunidades autónomas desempeña un papel esencial para el despliegue de las renovables. Sin embargo, no todas las planificaciones autonómicas han tenido suficientemente en cuenta la relación entre el despliegue de renovables y los impactos en la biodiversidad y el territorio.

La zonificación, a partir de la cartografía, es otro instrumento para evitar que el masivo despliegue de energías limpias no se lleve a cabo en detrimento de la biodiversidad y del patrimonio natural, pues permite identificar las áreas del territorio no solo con mayores condicionantes ambientales sino aquellas más idóneas y menores condicionantes ambientales para la implantación de proyectos eólicos y fotovoltaicos a gran escala. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha elaborado una herramienta cartográfica de este tipo a tenerse en cuenta en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Sin embargo, esta herramienta ha sido creada con el objetivo de ser un instrumento de orientación para ayudar a los promotores a elegir de manera preliminar una localización ambientalmente más favorable para sus proyectos.

Por otro lado, es imprescindible contar con un marco jurídico-institucional que permita mitigar los impactos de los proyectos de energías renovables sobre el territorio y el medioambiente. No debemos olvidar el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas tanto en materia de autorización de proyectos energéticos, basado en criterios relacionados con la capacidad de la instalación y el ámbito geográfico de afección, como en materia de protección de la biodiversidad y la planificación del territorio. Algunas comunidades, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, han establecido criterios para el emplazamiento de renovables en su legislación. Una de las recomendaciones del informe consiste en establecer o bien oficinas responsables de autorizar la ubicación o emplazamiento de un proyecto, o bien una fase específica en el procedimiento de autorización del proyecto para aprobar o autorizar su emplazamiento, teniendo en cuenta la planificación y la legislación vigente, que cuente con un proceso de participación pública para evitar que se genere un rechazo que pudiera hacer inviable un proyecto.

El informe también analiza algunas experiencias de los EE.UU. Queda claro que en España no se parte de cero dado que ya se lleva un camino recorrido en el despliegue de renovables, habiéndose desarrollado planes energéticos y legislación que consideran los impactos en el medio ambiente de esos proyectos. Sin embargo, es necesario avanzar y mejorar en la identificación y evitación de esos impactos en base a los conocimientos actuales.

Consulte aquí el informe ‘Cómo conciliar el despliegue de las renovables con la biodiversidad y el territorio’

Ana Barreira es Abogada. Directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente. Socia de WAS.

LL.M en Derecho Ambiental (London University) y LL.M en Estudios Jurídicos Internacionales (New York University). Co-presidenta de la sección de Medio Ambiente del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.