España finalmente cuenta con una Ley para hacer frente al cambio climático y adaptarnos a sus efectos, facilitar la descarbonización de la economía y transitar a un modelo circular: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE), que entró en vigor el pasado 22 de mayo Su proceso de elaboración ha sido lento si tenemos en cuenta que su elaboración se anunció en la COP 21 de París en 2015 y que muchos países de nuestro entorno cuentan con una Ley de estas características desde hace ya algún tiempo: Reino Unido de 2008, Francia de 2015, Suecia de 2017 o Alemania de 2019.

El núcleo de la Ley se halla en sus objetivos para 2030:

Lograr estos objetivos es una responsabilidad compartida y requiere actuar sobre muchos sectores. Por ello, la LCCTE establece obligaciones tanto para los tres niveles de administración: estado, comunidades autónomas y municipios, así la Ley les exige cooperar y colaborar en el ámbito de sus competencias, como para las personas jurídicas, es decir, las empresas y las personas físicas. La Ley es heterogénea incluyendo obligaciones y medidas en ámbitos muy diversos tales como:

No obstante, hay que hacer hincapié en que la LCCTE es una Ley marco ya que para hacer realidad muchas de sus obligaciones se tendrán que adoptar reglamentos, planes, programas, estrategias y otros instrumentos. Por ejemplo, el gobierno tiene que aprobar los reglamentos en los que se establecerán: el contenido de los informes sobre los riesgos asociados al cambio climático; el funcionamiento del Comité de Personas Expertas que incluya sus funciones y competencias, método de nombramiento, entre otros elementos; las condiciones y criterios mínimos que deberán incluir las estrategias de descarbonización del sector eléctrico que exige la Ley, o las especificaciones para las empresas que deban calcular y publicar su huella de carbono y elaborar un plan de reducción de emisiones, por citar algunos ejemplos. Por tanto, muchas de sus obligaciones no podrán ser realidad hasta que dichos instrumentos se adopten.

Por todo ello, la LCCTE es un punto de partida que exige un intenso trabajo para hacer realidad sus objetivos, algo esencial para el futuro de nuestro país.

Ana Barreira es Directora y abogada Senior, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). LL.M Derecho Ambiental (London University), LL.M Estudios Jurídicos Internacionales (New York University) y Socia WAS