Con el decidido impulso de la Organización de las Naciones Unidas y en el marco de los propósitos del nuevo milenio, el desarrollo sostenible se configura como uno de los grandes protagonistas del siglo XXI. Desde el compromiso firme en la transformación de las palabras en acciones, la sostenibilidad - entendida como un modo de tomar decisiones actuales que no comprometa las decisiones de las generaciones futuras -, es el arco de bóveda de la Agenda 2030 y el sustrato firme sobre el que se asientan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), respecto de los que reviste un carácter transversal.

Uno de los aspectos más relevantes del planteamiento actual en la materia radica, entre otros, en su carácter multilateral, vinculando no sólo a los Estados y demás organizaciones y sujetos con personalidad internacional, sino también a las empresas privadas y a los particulares, orientando su manera de comprender el mundo y haciéndoles partícipes de un movimiento mundial llamado a transformar para siempre nuestra manera de vivir, producir y consumir.

A tal fin, son muchos los esfuerzos que se vienen desarrollando en los últimos años con el objeto de avanzar en la consecución de los ODS y de integrar la sostenibilidad como elemento positivo y necesario de cualquier acción pública y privada, desde la comprensión de que su incorporación crea valor, incrementa la eficacia de las acciones y refuerza la reputación de quien la integra en su estrategia empresarial.

Sin embargo, la incorporación de elementos sostenibles en el funcionamiento del sector privado plantea una dificultad: tiene un coste económico y sin embargo no arroja resultados a corto plazo. Por ello es necesario estimular la adopción de decisiones, actitudes y estrategias sostenibles apelando no sólo a la responsabilidad individual de las empresas y corporaciones, sino promoviendo tales iniciativas mediante ayudas, subvenciones, beneficios, y desde luego reformas legales. En este sentido, un sector relevante con notable protagonismo en materia de sostenibilidad – y con grandes oportunidades para avanzar en la línea descrita – es la contratación pública, cuya reglamentación puede y debe favorecer la posición de los contratistas que hacen esfuerzos en cumplir con los ODS y la transformación social que éstos promueven.

En este sentido, la normativa española permite incorporar criterios sociales y medioambientales no sólo en el objeto de los contratos sino también al regular la solvencia empresarial, al diseñar los pliegos y al definir los criterios de adjudicación de los contratos; promueve  la participación en la contratación pública de las pymes y las empresas de economía social, adopta medidas específicas en relación con la compra publica ecológica y toma en consideración elementos relevantes vinculados con la gestión ambiental empresarial (ecoetiquetas, huella de carbono, etc.).

Esta senda – de reglamentación de la contratación pública - constituye, sin duda, un elemento medular de avance en la consecución de los ODS y permite introducir instrumentos que coadyuven a la transformación del modelo de consumo actual – basado en la producción-consumo-desecho – hacia otro más sostenible, inspirado en la economía circular, que no agote los recursos y que ponga el acento en la durabilidad de los productos, su reparabilidad, y el reciclado y la reutilización de los materiales. Otra herramienta idónea al servicio del fin perseguido puede ser la introducción de cambios legislativos en orden a impedir la contratación con aquellas empresas que no hayan adoptado las medidas oportunas que en materia social y medioambiental se dispongan por parte del legislador.

Pilar Cuesta es Doctora en Derecho y Letrado del Consejo de Estado.