Actualmente son muchas las empresas que encaran su estrategia de sostenibilidad  poniendo el cambio climático en el foco de sus acciones. Los inversores así lo reclaman también por lo que asistimos a una proliferación de iniciativas corporativas y financieras en esta línea. Sin embargo, más allá de la crisis climática, a lo que estamos asistiendo realmente es a una crisis medio ambiental de gran envergadura que transciende claramente la cuestión climática si le sumamos los retos que plantean los plásticos en los océanos, la pérdida de biodiversidad a gran escala o la destrucción de ecosistemas vitales para asegurar la vida en nuestro planeta. En realidad, el concepto de "crisis climática" es sin ninguna duda reduccionista y, quizás, se esté convirtiendo en una cortina de humo que nos impide abordar, con la misma urgencia y seriedad necesarias, los demás retos que tenemos sobre la mesa.

Pero, es importante también entender que "sostenibilidad" se escribe con la S de "social" y que este  es un pilar básico de toda estrategia de sostenibilidad. La Unión Europea ha incluso acuñado el término de "just transition" para hacer referencia a las cuestiones sociales que, la transición hacia una economía sostenible, debería contemplar. Sin una estrategia de gestión de lo social, la sostenibilidad cojea. Por ejemplo, los bonos sostenibles que acaba de lanzar Amazon no se sostienen mientras la empresa sea acusada de graves impactos en los derechos humanos de sus empleados. Por muchos esfuerzos que se ponga en la sostenibilidad de carácter medio ambiental, esta deja de ser válida sin una S sólida.

¿Y en qué consiste una S sólida? Sin lugar a dudas, no en la contribución a los ODS sino en la implementación de una debida diligencia en derechos humanos de acuerdo a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU (en adelante, Principios Rectores). Actualmente, este referente a nivel internacional establece que todas las empresas tienen “la responsabilidad de respetar los derechos humanos” donde quiera que operen, incluso a través de sus proveedores y otras relaciones comerciales. Con este objetivo, los Principios Rectores establecen que las empresas deben desarrollar un proceso de debida diligencia que les permita identificar los impactos en los derechos humanos de todas sus actividades y relaciones comerciales, priorizar su gestión y asegurar mecanismos para prevenir, mitigar y/o remediar dichos impactos.

El proceso de debida diligencia permite, en definitiva, realizar una identificación, evaluación y el consiguiente plan de acción para mitigar el riesgo en derechos humanos en una compañía y en su cadena de valor.

Tras la aprobación de los Principios Rectores como estándar voluntario por parte de las Naciones Unidas, la legislación a nivel nacional e internacional en la materia avanza en todas las regiones y, especialmente, en la Unión Europea. Aquí se espera , por ejemplo, este año la propuesta de Directiva en materia de debida diligencia obligatoria en derechos humanos y medio ambiente mientras que la propuesta de Directiva sobre Información de las empresas en materia de sostenibilidad (que reemplazará a la actual Directiva sobre Información no Financiera) ya ha visto la luz en un impulso coordinado y más amplio de medidas para canalizar la inversión sostenible.

En este marco de avance legislativo europeo y, en el contexto del Plan de Acción para financiar el crecimiento sostenible, la Taxonomía “verde” de la UE, exige hoy, además de los requisitos medioambientales, un mínimo estándar social para que las actividades sean consideradas sostenibles. No es hasta dentro de unos años que veremos una Taxonomía "social" pero la Unión Europea nos está dejando claro que la sostenibilidad debe incluir y considerar una mirada social basada en los Principios Rectores.

Estos riesgos sociales llevaron, por ejemplo, a varios inversores (p. ej., Aviva Investors, Aberdeen Standard Investments y M&G Investments) a no adquirir acciones de Deliveroo en su reciente salida a bolsa impactando así en su valor. Consideraron estos riesgos sociales e incluso realizaron declaraciones públicas al respecto. Eden Tree Investment Management señaló que el modelo de negocio de Deliveroo "se caracterizaba por ser una carrera a la baja con trabajadores tratados como activos disponibles, la antítesis de un modelo de negocio sostenible".

Sin embargo, del informe sobre el estado actual de la gestión de los derechos humanos en las empresas del IBEX 35 de abril de 2021 publicado por el Observatorio de la RSC destacamos la todavía confusión sobre la S. Vemos cómo algunas compañías reportan acción social, filantropía, compromiso con los ODS cuando, claramente, la Unión Europea nos está confirmando que el estándar de referencia son los Principios Rectores. Y ante el riesgo de exposición por una mala gestión de lo social, las empresas se exponen a consecuencias legales, de reputación y financieras, y los inversores preguntas, actúan, invierten o desinvierten.

Legisladores e inversores lo tienen claro: no hay sostenibilidad sin una gestión clara y proactiva basada en los estándares internacionales actualmente en vigor. Y tú, ¿qué opinas?

Maria Prandi es CEO de Business and Human Rights (BHR) y socia de WAS