Educar en Sostenibilidad es una labor que viene atrayendo el interés de la academia desde hace ya años; pero también en los últimos tiempos está constituyendo un foco de atención de la agenda política, social y económica. El ODS #4, Educación de Calidad, es solo la punta de un iceberg con sólidos cimientos, asentados durante varias décadas gracias al esfuerzo compartido de distintas instituciones y organismos, tanto públicos como privados.

La educación es palanca clave para asegurar que nuestra sociedad evoluciona hacia cotas de mayor y mejor convivencia, con menores desigualdades y oportunidades de desarrollo para todos. La importancia de educar en cualquier ámbito -cultural, social, económico, político, tecnológico,…- es crítica para el progreso social y económico, al suponer no solo la principal vía de escape de la pobreza; también representa una inagotable fuente de crecimiento personal y profesional, al tiempo que un generador de creatividad e innovación.

Educar específicamente en sostenibilidad implica el fomento de las competencias que han de garantizar el desarrollo de nuestras sociedades y de las de futuras generaciones. Ya antes de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015, la UNESCO había identificado las principales competencias -cuatro, en total- a incluir en todo currículo académico orientado a promover un desarrollo que aspirara a ser sostenible: pensamiento sistémico, análisis crítico, toma de decisiones colaborativa, y responsabilidad con las generaciones presentes y futuras.

Posiblemente, todos aquellos a quienes nos inquieta cuán insostenible es, actualmente, el mundo que habitamos, coincidiremos en la importancia vital de estas competencias. Porque, efectivamente, es preciso que todos entendamos la complejidad de nuestra relación con el entorno, del modo en que nos relacionamos en la sociedad y de nuestra interactuación con el medio ambiente que nos acoge y alimenta. Quienes nos dedicamos a la apasionante tarea de educar debemos, por tanto, enseñar a identificar, analizar y abordar todas las aristas de las dimensiones complejas que conforman nuestros distintos sistemas sociales y naturales. Esta comprensión holística debe realizarse con espíritu crítico, señalando las limitaciones que dificultan el desarrollo sostenible; pero impulsando, al tiempo, la búsqueda de soluciones innovadoras que den respuesta a los desafíos a los que nos enfrentamos.

Estos retos, sintetizados -al menos parcialmente- en la Agenda 2030, requieren de la participación colaborativa de los distintos agentes sociales, dado que la dimensión y gravedad de los mismos escapa a la capacidad de cualquier nación, organización o institución, por muy potente que se antoje; lo que significa que nos compromete a todos: educadores, representantes de la sociedad civil, científicos, políticos, individuos… Y, cómo no, a las empresas.

Nuestro compromiso ético no solo con las sociedades actuales, sino también con quienes han de sucedernos, debe empujarnos a asumir con responsabilidad las consecuencias que nuestras actuaciones, individuales y colectivas, tienen sobre otras personas, sobre las dinámicas de los sistemas en que nos movemos, y sobre el planeta. No podemos permitirnos el lujo de perpetuar estilos de vida, de gobernanza, de producción y de consumo que, a la postre, nos dañan a todos. Necesitamos revisar y repensar los fundamentos vitales, mover -y promover- un cambio sustanical de paradigma, si queremos seguir existiendo como especie, en condiciones dignas para cualquier ser humano                         .

Por tanto, nadie queda exento de la necesaria adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes -los tres aspectos significativos de las competencias- que nos ayuden a reforzar los cimientos de la sostenibilidad. Ciertamente, esto atañe a todos los ciudadanos, pero, especialmente, a los líderes que han de tomar las riendas económicas, sociales, políticas y culturales. Ellos deben estar suficiente preparados para encarar los desafíos actuales, pues sobre ellos recae una responsabilidad añadida al impactar con sus decisiones sobre un mayor número de personas.

La educación tan necesaria a la que nos estamos refiriendo, se encuentra en constante ebullición. Imposible detenerse en la autocomplacencia de dar por acabado el trabajo cuando son tantos los retos que tenemos por delante. Las soluciones que se plantean para resolver un problema a menudo hacen aflorar nuevos dilemas. Pensemos, por ejemplo, cuán complicado está resultando transitar de una economía dependiente de energías fósiles a una en energías renovables, con la presión creciente sobre los precios de la electricidad o de los minerales necesarios para fabricar baterías. Otro debate incandescente se abre ante la digitalización: por un lado, facilita el acceso de la población al consumo, la gobernanza o la educación de manera más sencilla, acercándolos a más personas; pero, al mismo tiempo, provoca también una importante brecha social, al dejar en la estacada a quienes, incluso disponiendo del acceso a la tecnología, no cuentan con la habilidades o el saber necesarios para moverse en el terreno digital, excesivamente ágil para una parte significativa de la población.

En definitiva, toda iniciativa, por bueno que sea el propósito que persigue, tiene una cara B. Sin embargo, más que amedrentarnos, estas dicotomías deben servirnos de estímulo para anticipar problemas y proponer respuestas al rompecabezas que la sostenibilidad presenta. Para ello, es preciso estar siempre atentos a las nuevas realidades que se dibujan en nuestro horizonte y así dilucidar los caminos a recorrer, por más que ello requiera actualizar nuestras capacidades y conocimientos a lo largo de toda la vida. La educación no es algo que solo se adquiera en las etapas más tempranas; se debe cultivar y renovar continuamente.

La responsabilidad de educar en sostenibilidad recae, en buena medida, sobre las instituciones educativas y los dirigentes políticos. Son los más directos encargados de conseguir ordenar el conocimiento, el saber hacer, y el saber ser. Pero hay una obligación moral que nos concierne a todos, dado que todos podemos contribuir en dar a conocer, concienciar y proponer actuaciones alineadas con los principios de la sostenibilidad.

Llegados a este punto, es de justicia reconocer la importante labor que tanto empresas como ONG están desarrollando en relación a este objetivo de educar, uniendo esfuerzos y sellando alianzas en redes multistakeholder. Muchas organizaciones han entendido este envite y contribuyen a ampliar la frontera del conocimiento y hacer que éste llegue a más personas, lo que redunda en beneficio de todos.

Sin embargo, la meta no está siquiera cerca y debemos seguir remando juntos para conseguir que la educación sea accesible para cualquier persona, además de inclusiva, y promueva fórmulas de vida sostenibles. Porque la educación es un derecho humano fundamental, reconocido en el artículo 26 de la Declaración Universal proclamada en 1948 por las Naciones Unidas, al que todas las personas han de tener acceso. Pero, además, representa una oportunidad para ser mejores ciudadanos y constituir sociedades más sólidas, pacíficas, justas y prósperas. Resulta incuestionable la transversalidad del ODS 4, Educación de Calidad, sobre el resto de objetivos que debemos alcanzar para conseguir un desarrollo verdaderamente sostenible.

Anna Bajo es directora de Sostenibilidad de ESIC y socia WAS