La agenda regulatoria en materia ASG (ambiental, social y de gobernanza) ha avanzado con pasos decididos en los últimos años y las empresas están haciendo sus deberes. Lejos quedan los tiempos en que la sostenibilidad era un “nice to have” para ser ahora mismo un “must” en las empresas. Prueba de ello es que los directores de sostenibilidad (CSO por sus siglas en inglés) forman parte de la primera línea jerárquica y la sostenibilidad lidera la estrategia de las compañías.

Sin embargo, este mismo desarrollo va unido, especialmente en los últimos tiempos, a una creciente suspicacia en relación a posibles malas prácticas por parte de las empresas a la hora de calificar como sostenibles sus productos o hacer declaraciones sobre sus compromisos en materia de sostenibilidad.

Cada vez más escuchamos hablar de greenwashing o lavado verde y los reguladores y supervisores muestran de manera creciente su preocupación por  este tipo de prácticas. La CNMV, por ejemplo, en su plan de actividades para 2023 destaca, entre otros, que “en 2023 se realizarán actuaciones complementarias a las actividades de supervisión en materia de finanzas sostenibles, con énfasis en el riesgo de greenwashing” y estamos a la espera de la aprobación de una propuesta legislativa de la Comisión Europea para regular las alegaciones medioambientales  que realicen las empresas.

Pero revisemos el término. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de greenwashing? Si bien no existe una definición “oficial”, IOSCO indica que se trataría de casos donde se “tergiversan las prácticas relacionadas con la sostenibilidad o las características relacionadas con la sostenibilidad de los productos de inversión” o, por ejemplo, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) cuando afirma que “los requisitos existentes en torno a comunicaciones claras, justas y no engañosas se apliquen en el contexto de las declaraciones relacionadas con la sostenibilidad”, lo que hace es proponer una regla “anti greenwashing” .

En la práctica, estas definiciones arrojan poca luz a la hora de prevenir o castigar de una manera efectiva las prácticas que tienden a sobrevender las virtudes sostenibles de un producto o los avances de una compañía en esta materia.

Un tema de sobra conocido ha sido la reclasificación de los productos de inversión del artículo 9 al artículo 8 según el Reglamento de Divulgación, ante el miedo de que otorgar la máxima calificación verde oscuro o artículo 9 a un producto de inversión pudiera ser calificada de lavado verde o greenwashing.

También tenemos otros ejemplos, como la resolución contra una entidad financiera por parte del regulador de publicidad del Reino Unido, que prohibió una serie de anuncios al considerar que el banco promocionaba sus bondades verdes, sin mencionar la financiación de compañías marrones.

Pero, ¿cómo encontrar el equilibrio y ritmo adecuados para financiar la transición a la vez que establecemos compromisos firmes y creíbles en nuestros objetivos de emisiones netas? Al temido greenwashing, ¿podría unirse el riesgo de “transition washing” o de sobrevender las bondades de nuestros planes de transición?

Asegurar la transición de aquellas compañías y sectores para los que ahora mismo no existe alternativa tecnológica económicamente viable o simplemente no existe la tecnología es esencial para un mundo de cero emisiones netas. Y la creciente litigiosidad en relación a estos temas -ONGs demandando a un banco francés, en base a la ley de debida diligencia del país vecino, de 2017, por seguir financiando a compañías de combustibles fósiles o la demanda al Consejo de Administración de la petrolera Shell por parte de ClientEarth por su falta de diligencia a la hora de abordar los retos de la transición ecológica- no ayuda. Por no mencionar el escrutinio, con marcado tinte político, del ASG en Estados Unidos, que daría para otro artículo.

El tan temido riesgo de greenwashing o transition washing puede terminar convertido en riesgo de greenhushing (silencio verde) o temor de las compañías a comunicar  sus credenciales verdes, a riesgo de ser acusadas de greenwashing climático y esta tendencia podría ralentizar la carrera hacia la descarbonización.

En un contexto en el que el marco regulatorio europeo está todavía en proceso de construcción, el foco debería situarse en completar este marco y trabajar para que se corrijan las inconsistencias que se han ido detectando.

Además, lejos de tratar de definir de una manera exhaustiva qué es ese lavado, consideramos que la clave está en reclamar que en todos esos casos sospechosos concurran al menos dos circunstancias: 1) que exista un daño a la protección del consumidor y/o de los inversores y 2) que concurra un elemento de intencionalidad, o al menos negligencia.

Más allá de los casos sobre información de productos o marketing empresarial, centrándonos en el ámbito de los compromisos voluntarios hacia las cero emisiones netas, debemos recordar siempre que su consecución en el sector financiero depende en gran medida de lo que hagan otros. Debemos exigir a las entidades financieras que adopten marcos robustos de referencia como la Alianza para las Cero Emisiones Netas de la Banca, que se fijen objetivos intermedios en sectores clave y se realice un sólido reporting. Pero para la consecución de las cero emisiones netas a 2050,  necesitamos del compromiso de todos: del gobierno con políticas, de los clientes con inversión, mientras seguimos trabajando en tener datos comparables y metodologías, sin que su falta o sus carencias -pensemos en la dificultad de reportar el alcance 3 de la huella de carbono- provoque que nos acusen de haber incumplido un determinado compromiso voluntario.

Existe ya regulación efectiva de conducta para la protección de consumidores e inversores. Por eso, proponemos que el debate se centre en la aplicación efectiva del marco vigente y no en ser demasiado prescriptivos a la hora de abordar la necesaria lucha contra el lavado verde.

En definitiva, trabajemos en corregir las malas prácticas pero no permitamos que termine peligrando la necesaria descarbonización de la economía en su conjunto.

Silvia Irazoqui es Directora de Sostenibilidad de BBVA